Hemos dado en llamar a la pestilencia única de la violencia y el impacto punitivo que tiene sobre los esfuerzos de acabar con la pobreza el "efecto langosta" (Introducción)
El jurista Gary Haugen y el antiguo fiscal federal de los Estados Unidos Victor Boutros, activistas de la organización no gubernamental "International Justice Mission" hacen la comparación con la plaga de la langosta de forma muy justificada. Sabida es la tragedia que históricamente ha representado esta plaga de insectos que en muy poco tiempo puede arruinar el trabajo paciente de los campesinos. Da igual lo duro que trabajes porque si la plaga llega se lo llevará todo.
Si no abordamos de forma decisiva la plaga de la violencia cotidiana que engulle a todos los pobres del mundo en desarrollo, los pobres no serán capaces de prosperar y alcanzar sus sueños (Capítulo 3)
La violencia cotidiana a la que se refieren los autores es la que rodea la vida de los más humildes en las sociedades que no garantizan una justicia imparcial y efectiva. Puede tratarse de la violencia de los delincuentes “comunes” (organizados o no), o la violencia de los poderosos o incluso la violencia de las fuerzas policiales corruptas.
Cuando pensamos en la pobreza global pensamos en hambre, enfermedad, desamparo, analfabetismo, agua no potable y falta de educación, pero muy pocos de nosotros pensamos en la vulnerabilidad crónica de los pobres a la violencia –la epidemia masiva de violencia sexual, trabajo forzado, detención ilegal, robo de tierras, asalto, abuso policial y opresión que yace oculta por debajo de las deprivaciones más visibles de la pobreza. (Introducción)
La pobreza endémica es una vulnerabilidad a la violencia (Introducción)
A lo largo del libro se relatan ejemplos espantosos de asesinatos, esclavitud, abuso sexual y robo de tierras en pleno siglo XXI, siempre en naciones “en desarrollo” de Asia, América y África. La ONG IJM ha respaldado y asesorado a los agentes de justicia independientes que luchan contra los abusos así como utilizado los medios de comunicación y a los gestores políticos locales para denunciarlos. No solo es fácilmente comprensible el daño hecho, sino que además la denuncia tiene el efecto de despertar una fuerte indignación.
Informes recientes de la ONU sobre los barrios de chabolas sugieren que (…) las cuestiones de violencia y seguridad pueden ser consideradas por la gente pobre como considerablemente más importantes que las de ingresos y vivienda (Capítulo 1)
Algunas de las denuncias tienen un claro carácter de “lucha de clases”, al referirse a cómo los poderosos mantienen intencionadamente un sistema de justicia débil para garantizar la impunidad de sus abusos.
La gente rica y poderosa en las comunidades pobres del mundo en desarrollo usa agresivamente un sistema de justicia penal disfuncional y corrupto para proteger su violento abuso de los pobres (Capítulo 1)
Tales abusos “de clase”, sin embargo, es probable que sean los primeros en repararse, al menos en los estados democráticos, ya que pueden utilizarse como dinamizadores de la acción política (es decir, interesan y benefician a una determinada clase política que busca el respaldo de los más humildes). Más difíciles de erradicar parecen ser los que se originan por la mera degradación social que es consecuencia de la pobreza generalizada.
Los pobres están familiarizados con las bandas criminales violentas en sus barrios y tienen que soportar sus asaltos, intimidación, robos y extorsiones. Y para mucha gente pobre en el mundo en desarrollo, la policía es solamente otra banda armada y predadora (Capítulo 2)
El mundo en desarrollo está lleno de sistemas de acción social –sistemas de alimentación, de salud, de educación, de higiene pública, de aguas…- pero es justo decir que el sistema más fundamental y más defectuoso es el sistema de justicia pública. Es el más fundamental porque proporciona la plataforma de estabilidad y seguridad del cual dependen todos los otros sistemas. (Capítulo 5)
Incluso en aspectos poco conocidos del desarrollo educativo…
Una de las principales razones por las que las chicas no van a la escuela en el mundo en desarrollo es por la violencia sexual (Capítulo 1)
¿Y cómo consienten esta situación los dirigentes de los países en desarrollo? Pues porque, en buena parte, ellos no se ven afectados como sí sucede con la mayoría menos afortunada.
Las élites (…) son capaces de adquirir la seguridad de sus personas y propiedad mediante sistemas privados de protección (Capítulo 8)
La solución es, en apariencia sencilla: potenciar la acción de la justicia pública para garantizar la seguridad de todos. Jueces y policías tienen la capacidad de garantizar la represión de la criminalidad, igual que sanitarios e ingenieros pueden garantizar el agua potable.
No solo funciona el poder disuasorio del sistema de justicia penal en reducir la violencia, es que funciona más que cualquier otra cosa (Capítulo 4)
Pero…
Es cierto que también es un poder peligroso (Capítulo 4)
Hay un motivo por el cual los proyectos de mejora del “aparato legal represivo” reciben poca atención:
Un sistema de justicia criminal que es reforzado, bien entrenado, bien equipado y hecho eficiente puede usarse para reprimir a la gente humilde con violencia tanto como para protegerlos de la violencia (…) [Por ello] las principales agencias de ayuda extranjeras prefirieron evitar estos dilemas simplemente prohibiendo la inversión en mejorar el sector de la justicia criminal en el mundo en desarrollo (Capítulo 9)
Es difícil de imaginar las agencias de ayuda prohibiendo inversiones en sistemas de alimentación, educación, salud o agua en el mundo en desarrollo, pero esto es precisamente lo que sucede con los sistemas de justicia criminal en los países pobres (Capítulo 9)
¿Y no habrá también un componente de esnobismo en esta negligencia? Pagar a la policía no vende bien a nivel de imagen. Y sin embargo, son los policías los que más capacidad tienen para proteger a los desfavorecidos de la inseguridad que les cierra el camino al progreso.
[Importantes organismos internacionales] han vertido miles de millones de dólares en programas que apoyan el imperio de la ley. Sin embargo, casi todos estos recursos han sido derivados a un puñado de países cuyos vacíos de seguridad pos-conflicto se han convertido en una preocupación estratégica para los países donantes (Capítulo 9)
Es decir, solo se financia a la policía cuando se trata de cosas como la lucha antiterrorista o el narcotráfico. En realidad, las “pequeñeces” de garantizar una mínima seguridad jurídica a los humildes no interesan a las ONG, pese al señalamiento al respecto de las organizaciones internacionales
Ciertamente ha habido una creciente apreciación entre las ONG por el problema de la violencia delictiva contra los pobres (especialmente contra mujeres y niños), [pero] sus actuales actividades programáticas enfocan el problema de la violencia generalmente sobre lo que a veces se llaman las causas subyacentes a la violencia –como la pobreza desesperada, la falta de educación, de conciencia de los derechos, actitudes culturales, desamparo político, desigualdad de género etc (Capítulo 9)
La única solución es agitar a la opinión pública y forzar a los políticos a actuar de forma efectiva. En el libro se dan ejemplos al respecto de casos coronados con aparente éxito.
La agitación por parte de “agentes externos” parece algo necesario hoy en día. Lo fue en otro tiempo
[Un] ciclo de escándalo, exposición y llamadas a la reforma por parte de líderes religiosos y gente de negocios de clase media y alta llegaron a repetirse en las ciudades de Estados Unidos a medida que la reforma de la policía se desarrolló enmarcada en un movimiento de reforma más amplio de la era progresista (Capítulo 10)
Una importante apreciación de los autores es que no basta con denunciar la corrupción: es preciso promover también ideales de justicia incluso si estos no están aún arraigados en la opinión mayoritaria. Aquí se está reconociendo –con una franqueza parecida al reconocimiento de la necesidad de la represión- que el avance moral requiere el liderazgo de ciertas minorías…
Uno no ha de esperar a que cambien completamente las normas culturales en la comunidad antes de hacer cumplir las aspiraciones culturales expresadas en la ley. En los Estados Unidos, los ciudadanos no esperaron a que cambiaran las actitudes culturales hacia la segregación en el Sur (la norma cultural racista que prevalecía) en el sentido de una ilustración gradual antes de que las autoridades federales comenzasen a hacer cumplir las aspiraciones expresadas por el derecho constitucional de protección igualitaria (Capítulo 4)
Esto se puede aplicar a cuestiones como los abusos a niños y mujeres que en muchas culturas contemporáneas todavía no son condenados con la misma firmeza que en las culturas de los países más desarrollados.
Prensa, políticos, incluso personajes populares pueden ayudar a difundir nuevos ideales humanitarios y exhortar a la mejora de la actuación de los agentes del orden público. La defensa de la represión para ayudar a los humildes podrá resultar chocante dado el carácter actual del enfoque “humanitario” de la lucha contra la pobreza. Sin embargo, es perfectamente coherente si consideramos que la violencia y la agresión es de siempre el principal obstáculo al desarrollo humano.
Pobres son aquellos que nunca pueden permitirse tener mala suerte (Capítulo 3)
La prosperidad es un sistema de garantías. Vivir bajo la constante amenaza de la desgracia lleva a la desesperanza y al embrutecimiento, es el epítome de la precariedad. Nos gustaría una sociedad plenamente pacífica y el idealismo humanitario ensalza las acciones compasivas, pero ¿es ello coherente con la realidad de la violencia cotidiana que en las sociedades desarrolladas solo pudo hacerse desaparecer con la acción efectiva de unos poderes represivos legalmente encauzados?
Este libro señala con acierto un grave problema social, pero también nos da una oportunidad para el pensamiento crítico. No es la represión el ideal humanista acorde con el mensaje actual “buenista” que nutre a las organizaciones no gubernamentales de ayuda. Y sin embargo, la represión de la criminalidad debería ser una prioridad absoluta porque abordar las causas subyacentes a la violencia implica largos y azarosos procesos de cambio social que hasta el momento han dado poco fruto.
La repugnancia a aplicar la fuerza contra los elementos antisociales que arruinan los esfuerzos de los menos afortunados debería llevar a una reflexión más profunda: las tales “causas subyacentes” no son de naturaleza económica, política o tecnológica, sino de tipo cultural, y la intervención “no violenta” no puede quedarse en gestos inconexos o en acciones contradictorias. Tales intervenciones son ineficientes y entonces nos quedamos ante la cruda realidad de que necesitamos la represión.
Sí podrían existir opciones de transformación social que impliquen cambios culturales previos y que lleven a una sociedad pacífica y próspera. La historia nos demuestra que son viables incluso en las sociedades en desarrollo, pero estas opciones no son fáciles y, desde luego, tampoco son convencionales pues no se trataría de cambios de tipo político.
Si se opta por el cambio político habrá que –entre otras cosas- agarrar el palo para reprimir los casos de antisocialidad –inevitables y abundantes cuando se vive en condiciones precarias-; si se rechaza el recurso a la represión, no hacer nada condenará a todos a la espera –cómoda para los privilegiados- de que algún día culminen los cambios políticos, económicos y tecnológicos que desmonten las “causas subyacentes”. La alternativa es buscar opciones imaginativas en el sentido de la reforma cultural profunda, que afecte de forma palpable a las mentes, por el estilo de los antiguos movimientos religiosos. O eso, o la represión; el “buenismo” resulta lento e ineficaz.
Lectura de “The Locust Effect” en Oxford University Press, 2014; traducción de idea21
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